La Comisión Europea presentará este miércoles, en vísperas de la cumbre del G20, una batería de propuestas legislativas para reformar la supervisión y reglamentación de los mercados financieros europeos. Los pilares de la futura arquitectura ya han sido consensuados durante la primera mitad de este año por los Gobiernos de los 27 países de la UE.
La negociación entra ahora en la siempre relevante letra pequeña: se abre una guerra de trincheras por cada coma de la futura legislación comunitaria entre las diplomacias y los ministros de Economía y Finanzas europeos.
Reino Unido logró antes del verano introducir en la reforma una serie de salvaguardias para encorsetar la futura integración de la supervisión en la Unión Europea (UE). La incógnita sobre el alcance real de la reforma no se despejará hasta que haya un acuerdo sobre cómo convertir esas salvaguardias políticas en textos legales.
Mecanismo de alertas rápidas
Londres rechaza que una decisión adoptada en la esfera comunitaria pueda influir en las competencias presupuestarias de un Estado. Esta salvedad impediría únicamente que el futuro sistema europeo de supervisión adopte decisiones sobre quiebras o recapitalizaciones de grupos financieros en apuros -decisión que exige la movilización de recursos estatales-.
O incluso podría llegar a bloquear decisiones europeas cuyas consecuencias inmediatas no fueran recapitalizaciones ni liquidaciones de bancos o aseguradoras, si existiera la posibilidad de que ese fuera su resultado posterior.
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