Interior eleva el gasto en seguridad ciudadana antes de la ‘ley mordaza’

El Gobierno ha causado una gran expectación con el anuncio que hizo la semana pasada de su borrador de anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que antes de hacerse público su contenido ya fue bautizada como «ley mordaza» y despertó críticas provenientes de todas las arenas. Mientras el Ministerio de Interior mantiene la expectación, y anuncia modificaciones que tampoco especifica, lo que sí ha hecho ha sido aumentar el presupuesto destinado a seguridad ciudadana en un 1,38% respecto al año anterior.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha comparecido este martes en la Comisión de Presupuestos del Senado para exponer las líneas generales del presupuesto del Ministerio del Interior para el ejercicio 2014, según recoge una nota de prensa. En un momento en el que todas las partidas se ajustan a la aclamada austeridad que imponen los conservadores, el ministerio de Jorge Fernández Díaz dedicará 5.264 millones de euros a la seguridad ciudadana.

A esa cantidad hay que sumar 82,2 millones de euros del programa para actuaciones policiales en materia de droga. Para justificar estas medidas, Martínez ha dicho que la seguridad es una «prioridad del Gobierno», pese a que los índices de delincuencia no han parado de bajar durante los últimos años. Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior.

El presupuesto aumenta pese a que el gasto destinado a lucha contra el terrorismo y protección de personas amenazadas ha disminuido drásticamente desde que ETA anunciase el fin de su actividad armada. Frente a los 136 millones de euros que en 2009 se destinaban a labores de protección en el País Vasco y Navarra, en 2014 se prevea un gasto de unos 35 millones.

Por otra parte, la Policía Nacional gastará el próximo año dos millones de euros para dotar a unos 6.600 agentes de chalecos antibala y dedicará 13.000 euros en cambiar las divisas de los uniformes que distinguen las categorías de sus efectivos, con el objetivo de reforzar y diferenciar la identidad del cuerpo, según recoge la Agencia Efe.

Cosidó ha destacado el esfuerzo del Ministerio del Interior de dotar de chalecos antibala a todos los agentes que prestan sus servicios en seguridad ciudadana, un plan iniciado el pasado año, dotado con unos nueve millones de euros y que tiene como objetivo que más de 21.000 agentes tengan este elemento de protección. Así, ha recordado que en 2012 la Policía entregó más de 7.000 unidades, unos 6.600 este año y, el que viene, proporcionará otros 6.000.

El Ministerio aumenta el presupuesto pero recorta el número de plazas ofertadas para ser agente de Policía Nacional o Guardia Civil. Para justificar este hecho, Martínez se ha limitado a decir que la eficacia policial no se resiente con el menor número de agentes y por ello, a su parecer, hay que evaluar el modelo policial desde el punto de vista cualitativo y no cuantitativo. De todos modos, la ratio de policía pública en España se sitúa en términos ventajosos en Europa.

En cuanto a la ley de Seguridad Ciudadana, este mismo martes Interior ya ha avanzado que «el texto aún está en proceso de elaboración y puede sufrir nuevas modificaciones antes de ser presentado en el Consejo de Ministros». Ricardo Sixto, el diputado de IU en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, ha confirmado a Público que el Gobierno aún no les ha remitido el texto y que ningún miembro de dicha comisión ha tenido detalle alguno sobre los planes de Fernández Díaz para esta ley.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también está descontento con el juego mediático del PP, que anuncia reformas que luego no hace públicas y afirma que las modifica sin decir qué cambios impone. «El SUP está a favor de una reforma que solvente las debilidades de la norma anterior, pero desconfía del efecto propagandístico de quienes se preocupan más del a proyección mediática que del fondo del problema», afirmaban recientemente en un comunicado. En otro escrito, en el que dicen que «los medios están mejor informados» que ellos mismos sobre una legislación que, se supone, va dirigida a su protección, el SUP se pregunta que si «se va penalizar más severamente las agresiones e insultos a la policía», ¿por qué se sacan estos supuestos, al parecer, del código penal y se trasladan a infracciones administrativas?

Hasta el pasado verano, todos los ciudadanos detenidos en los últimos años por las fuerzas de seguridad en manifestaciones del 15-M y movimientos similares habían quedado en libertad sin cargos por orden del juez, que nunca les condenó por los hechos de los que les acusaba la Policía. Sin embargo, ahora recurrir ante los tribunales las multas que el Gobierno prevé aprobar por participar en un escrache o manifestarse frente al Congreso de los Diputados costará entre 360 y 2.750 euros sólo en tasas, es decir, gastos de abogado y procurador aparte. El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, tiene previsto interpelar este miércoles durante la sesión de control al Gobierno a Fernández Díaz sobre las sanciones que piensa incluir en la ley de Seguridad Ciudadana, una norma que, según el primer partido de la oposición, persigue «la represión de los ciudadanos» y de las «nuevas formas de protesta» surgidas al calor de la redes sociales, según recoge Europa Press. Por su parte, Soraya Rodríguez ha vuelto a descalificar este martes los planes de Interior y ha acusado al Gobierno de querer pasar «de la mayoría silenciosa» a la que «tanto apela» a una «mayoría silenciada».

Via: Publico.es

Una hora de encierro por los recortes que están sufriendo los pensionistas

La no revalorización de las pensiones, el copago farmacéutico, el euro por receta y todos los recortes que poco a poco van llenado la mochila de los pensionistas madrileños, que son quienes cada vez con más fuerza, tratan de aminorar los efectos de la crisis en sus familias. Son los motivos de un encierro que, convocado por los sindicatos mayoritarios, ha durado algo menos de una hora, según han explicado, para no perjudicar a los que esperaban para ser atendidos y que se ha seguido de una enorme pitada a las puertas del edificio.

«Tenemos unas pensiones que no superan los setecientos y pico euros de media, y el peso fundamental es que muchas familias viven a costa de esas pequeñas pensiones. No he visto ni una sola promesa que hayan cumplido. Las han incumplido absolutamente todas», ha denunciado el secretario de la federación de pensionistas de CCOO-Madrid, Manuel Ariza.

Y es que los pensionistas están absolutamente indignados por todos los recortes que continúan minando su situación, a pesar de las promesas de los gobiernos del PP. «Yo cobro una pensión mínima y gracias a que mi mujer también tiene otra pensión logramos subsitir. Pero tenemos a nuestra hija que está divorciada con dos hijos menores y tenemos que ayudar», explica uno de los jubilados que han acudido a la concentración.

Los sindicatos han advertido de que va a haber más movilizaciones. La primera tendrá lugar el próximo lunes y será una manifestación conjunta para protestar por la no subida de las pensiones.

Via: Cadena SER

España decide subir su déficit tras mes y medio de tira y afloja con Bruselas

España ha tomado hoy la decisión «soberana» de situar el déficit para 2012 en el 5,8 % del PIB, 1,4 puntos por encima de lo pactado con la UE, tras más de un mes de mensajes cruzados con Bruselas sobre la conveniencia de revisar el límite estipulado cuando el panorama era mucho más optimista.

Las opiniones se han expresado por una y otra parte tanto a través de los medios de comunicación como de contactos discretos.

Una de las primeras llamadas de atención por parte del Gobierno la hizo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una entrevista el día 22 de enero en la que recalcaba que es obvio que cuando se fijó reducir el déficit hasta el 4,4 % «se hizo con un escenario de crecimiento económico y no de recesión como el que nos encontramos».

El responsable de cuadrar las cuentas públicas consideró entonces «absurdo» que el Gobierno hiciera unas previsiones propias, porque sería exponerse a una nueva pérdida de credibilidad, y daba por hecho que no quedaba más opción que asumir lo que «diga Bruselas, al menos durante este primer ejercicio».

Poco a poco la idea que se empezó a instalar es que la Comisión Europea revisaría los objetivos de déficit cuando publicase sus previsiones de crecimiento el 23 de febrero, lo que permitiría un techo de gasto acorde en los presupuestos que se presentarán el 30 de marzo.

La lógica indicaba que cuando la Comisión admitiese que la economía española va a decrecer en 2012, y no a crecer (su cálculo es del -1 %) revisaría en paralelo el objetivo de déficit, ya que admitiría que los ingresos serán mucho menores.

La CE no respondió en un principio al guante, y el día 30 de enero el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, dijo al ser preguntado por la relajación del déficit español: «Yo no puedo ir ahora más en detalle sobre eso».

También hubo declaraciones que parecían apuntar a los intereses de España como la del comisario europeo de Presupuestos, Janusz Lewandowski, que aseguraba que España «cumple los requisitos» por la «credibilidad» de sus reformas «para conseguir que haya más tolerancia y flexibilidad» en los objetivos de déficit, y dejaba claro que lo «importante» era llegar al 3 % en 2013.

Pero ese mismo día -23 de febrero- el comisario de Asuntos Económicos, el finlandés Olli Rehn, echaba un jarro de agua fría a las aspiraciones de flexibilización, al afirmar que España debía aclarar antes a qué se debió el desvío fiscal de 2011 e informar de la preparación de los presupuestos de 2012 para garantizar la sostenibilidad estructural de sus finanzas públicas.

A medida que Bruselas se iba mostrando más reticente, en Madrid se rebajaban las expectativas, y Montoro llegó a decir «está prohibido hablar de flexibilizar o relajar» cuando presentó el pasado lunes el dato de déficit de 2011, que acabó en el 8,51 %.

Quedaba no obstante la baza de las explicaciones «exactas» que daría el ministro de Economía, Luis de Guindos, a sus colegas del Eurogrupo ayer mismo, en vísperas de la presentación del techo de gasto.

En previsión de este encuentro, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, afirmó el día 28 cuando anunció que se iba a presentar el techo de gasto: «la lógica de las cosas hará que las instituciones comunitarias y el Gobierno alcancen el acuerdo que se plasmará en este ejercicio».

Ministros como el de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, también daban anteayer mismo por hecho que la UE revisaría unas décimas el objetivo de déficit de España, opinión expresada también por varios presidentes autonómicos que en los últimos días se han reunido con Rajoy.

Pero en paralelo la Comisión recordaba sus plazos, y recalcaba que es en mayo cuando revisa los planes de estabilidad y crecimiento de todos los países, y se negaba a hacer una excepción con el caso de España.

El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, advertía en Madrid de que el marco de financiación de la zona del euro no podía perder credibilidad en su primer año de aplicación.

Al final España ha colocado su límite de déficit en el 5,8 % con la convicción de que eso no significa romper el Pacto de estabilidad y crecimiento, ya que éste estipula que el objetivo inapelable es el 3 % en 2013.

Está por ver lo que opina Bruselas sobre el asunto

Via: Expansion