La crisis movió los cimientos del sistema financiero internacinal demostrando que se necesita regular este mercado y mejorar los sistemas de control público de operaciones, gestión de riesgos y solvencia. Todos los ciudadanos del mundo, pagadores involuntarios de las consecuencias de la crisis, observamos cómo los recursos públicos acudieron al rescate del sistema bancario para evitar daños mayores.
No cabe duda de que nada volverá a ser como antes de la crisis. El estrechamiento de los márgenes, la elevada morosidad y la competencia por los recursos financieros hizo que muchas instituciones financieras, en particular las cajas de ahorros, comenzasen un proceso de fusiones, absorciones o acuerdos como el Sistema Institucional de Protección (SIP) para mejorar su posición en el mercado.
El Banco de España y el Ministerio de Economía, como garantes del buen funcionamiento del sistema financiero, diseñaron el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y están valorando como criterios preferentes la viabilidad, la solvencia, la reducción del riesgo, la morosidad y el incremento de la competitividad.
En este contexto, debemos recordar el papel estratégico de las cajas gallegas, que atienden al tejido productivo y las necesidades económicas y sociales de Galicia. Aunque en los últimos años han experimentado una importante internacionalización y tienen un relevante volumen de negocio en el exterior, son las instituciones con mayor implantación territorial. Así, son capaces de captar los recursos de los pequeños ahorradores, proporcionan servicios en zonas donde el volumen de negocio es reducido y tienen una clara vinculación con el tejido productivo gallego, facilitando crédito a los autónomos y empresas y desarrollando una labor social y cultural fundamental. En los últimos meses, han desarrollado una estrategia de reducción de costes disminuyendo plantillas y sucursales que pueden asumir de forma autónoma o estar apoyados por el FROB de producirse una reestructuración del mercado.
Con el debate abierto sobre la fusión de las dos cajas gallegas, sobre la absorción, fusión o acuerdo de alguna de ellas con otras cajas foráneas o sobre el statu quo, parece necesario definir los principios básicos para defender el interés general de todos los gallegos, más allá de localismos y de la defensa legítima de los intereses empresariales. Cualquier proceso que afecte a Caixanova y Caixa Galicia debería garantizar, en primer lugar, su viabilidad, competitividad y solvencia en las nuevas condiciones del mercado, es decir, cajas fuertes y profesionales, con facilidad de acceder al crédito internacional y capaces de ofertar productos financieros competitivos a sus clientes. En segundo lugar, las cajas gallegas deberían mantener la vinculación territorial prioritaria con Galicia, de tal modo que sería inadmisible un proceso de fusión o absorción que supusiera la pérdida de la identidad gallega, algo que ocurriría en el caso de un proceso de absorción liderado por cajas foráneas. Adicionalmente, la optimización de costes debe garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a las instituciones financieras, imponiendo condiciones mínimas de prestación de servicio, especialmente en el rural, para que no queden zonas de territorio sin servicios bancarios y para garantizar la atención prioritaria a las necesidades de financiación del tejido productivo gallego.
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