Londres grava los bonos de los banqueros y pronostica recuperación en 2010

El Gobierno británico confirmó hoy la imposición de una tasa a los bonos que perciben los banqueros en la presentación ante el Parlamento del adelanto de los próximos presupuestos, que pronostican una vuelta al crecimiento en 2010.

El ministro de Economía, Alistair Darling, presentó el anticipo de las cuentas del Estado para el año fiscal comprendido entre abril de 2010 y 2011, que había generado una gran expectación al ser el último antes de las elecciones previstas para junio próximo.

El impuesto de nueva creación, que se aplicará únicamente durante 2010, gravará en un 50 por ciento las primas concedidas a los directivos de la banca por encima de las 25.000 libras, una cantidad «que pagará el banco y no el empleado», según explicó Darling.

La medida, según el ministro, no tiene un ánimo recaudatorio, ya que la cantidad que se obtendrá será de 500 millones de libras, sino limitar los abusos que se han cometido en este terreno y que han premiado en algunos casos con primas multimillonarias el trabajo de los directivos responsables de la crisis del sistema financiero.

Durante 50 minutos, el canciller del Exchequer expuso las líneas maestras de la política económica con la que los laboristas quieren sacar al país de la crisis -es el último país del G-20 en recesión- y presentar su candidatura para lograr un nuevo mandato.

Darling declaró que «todavía hay incertidumbre» en torno a la economía británica, pero dijo que la recuperación será una realidad «en el comienzo del año nuevo» y que a partir de ese momento habrá que trabajar para «garantizar un crecimiento a largo plazo».

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Los 27 tratan de pactar hoy la ayuda a los países pobres contra el cambio climático

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 buscarán dar un impulso a las negociaciones sobre cambio climático que se celebran desde el lunes en Copenhague pactando cuánto dinero dedicará la UE a ayudar a los países pobres a reducir sus emisiones en el periodo entre 2010 y 2012.

Los líderes europeos discutirán también sobre los plazos para retirar las ayudas a la economía y a la banca una vez que se haya consolidado la recuperación económica y apoyarán imponer restricciones a los salarios de los directivos bancarios y los gestores de fondos especulativos.

El problema de la financiación es uno de los principales obstáculos para lograr un acuerdo en Copenhague que sustituya al protocolo de Kioto. Ni siquiera la UE, que presume de asumir un papel de liderazgo en las negociaciones, ha logrado hasta ahora decidir cuál será su contribución por las reticencias de países como Alemania, que no quiere poner tan pronto una cifra sobre la mesa, o de los socios de la ampliación, que reclaman previamente un reparto interno de la factura.

Pero la presidencia sueca pretende que los líderes europeos pacten en la cumbre que empieza este jueves al menos los fondos que la UE aportará entre 2010 y 2013, inmediatamente después de Copenhague. La Comisión había propuesto que la cantidad fuera de 2.100 millones anuales, pero en el borrador de conclusiones no aparece ninguna cifra. Hasta ahora, sólo España y Reino Unido han anunciado su contribución durante este periodo, que será de 100 millones de euros y 800 millones de libras, respectivamente. Los países del este no están obligados a aportar dinero en esta fase, según acordaron los 27 en octubre.

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Economía regulará la «concesión responsable» del crédito bancario

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, incluye en su extenso articulado el compromiso de elaborar una nueva normativa para proteger a los clientes de las entidades financieras. En particular, llama la atención que el Gobierno anuncie el establecimiento de normas de conducta para promover «prácticas de concesión responsable de créditos»; entre ellas, la atención a los ingresos del usuario y de su capacidad de pago, así como la valoración «independiente» de las garantías inmobiliarias y la consideración de distintos escenarios de evolución de los tipos de interés. El enunciado es una clara referencia a los excesos cometidos en el pasado por las entidades financieras en el proceso de concesión de préstamos hipotecarios, y que acabaron por generar la burbuja inmobiliaria. La nueva normativa será aprobada en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley.

Además, el texto endurece sustancialmente el régimen disciplinario de la entidades financieras, elevando las sanciones para las distintos tipos de infracciones, tanto en lo que se refiere a la responsabilidad de las entidades como de los directivos. Así, por ejemplo en las infracciones muy graves, se incrementa la multa máxima de 300.000 euros a un millón; y para los administradores, de 150.000 euros a 500.000.

El anteproyecto consta de 137 artículos y 59 disposiciones (ocho adicionales, ocho transitorias, 42 finales y una derogatoria), y está guiado por ocho principios: mejora de la competitividad, estabilidad de las finanzas públicas, fomento de la capacidad innovadora de las empresas, ahorro y eficiencia energética, promoción de las energías limpias, racionalización de la construcción residencial, extensión y mejora de la calidad de la educación y fortalecimiento y garantía del Estado Social. Con esos ejes, el anteproyecto desarrolla un amplio paquete normativo para lograr «un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo, social y ambiental en una economía productiva y competitiva».

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El Banco de España planta cara a los ataques de Moody’s

El Banco de España ha esperado para responder, pero lo ha hecho con contundencia. Harto de las acusaciones de la agencia de calificación norteamericana Moody’s y de algunos bancos de inversión, como Credit Suisse, ayer explicó con detalle su sistema de control de la morosidad. «El análisis del impacto de la morosidad sobre el sistema bancario no puede ser simplista. Hay que adoptar un enfoque que considere la heterogeneidad entre diferentes entidades, las diversas operaciones y las políticas para la gestión de mora», dice el supervisor.

En otro momento del Informe de Estabilidad Financiera de noviembre, publicado ayer, hace otro disparo: «A diferencia de otros enfoques, en los que el monto de las provisiones es decidido libremente por cada entidad y su auditor, en España existe una norma de mínimos por la que por el mero transcurso de tiempo (…) la deuda debe ser cubierta con provisiones, aminorando los resultados», recuerda. También dice que se cuenta con la inspección bancaria que estimula la identificación temprana de la morosidad, otra característica única de España.

Pero el control no lleva a la autocomplacencia. El organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez afirma que se ha superado la situación de extrema dificultad, pero estamos en otra que es «difícil para las entidades». La subida de la morosidad (que «continuará incrementándose en los próximos meses»), la caída de los márgenes y el aumento de las provisiones, complicarán la vida a bancos y cajas en 2010. En tres ocasiones, el supervisor advierte de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deberá intervenir para facilitar la reordenación del sistema, incluso que va a «acelerar su actividad en los próximos meses». Advierte de que el FROB podrá adquirir de forma transitoria participaciones preferentes convertibles en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones de capital social. Eso ya ha ocurrido en Caja Castilla La Mancha.

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Bruselas propone elevar 280 millones de euros las ayudas al sector lácteo

La Comisión Europea (CE) cedió hoy a las presiones de los países comunitarios y de los ganaderos y aceptó aumentar en 280 millones de euros las ayudas al sector lácteo en 2010.

La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, propuso ese incremento durante el Consejo de ministros del ramo de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, que una vez más discutió la crisis actual del mercado de la leche en medio una nueva manifestación de los productores europeos.

Miles de ganaderos -entre 1.500 y 2.000 según la Policía y 5.000 para los organizadores- se concentraron ante el edificio del Consejo de la UE para reclamar una reducción de la producción lechera que les garantice unos precios dignos.

Fischer Boel accedió finalmente, aunque a regañadientes, a las peticiones de un grupo de veintiún países comunitarios, que solicitó recientemente elevar en 300 millones los apoyos al segmento lácteo, con el fin de aliviar las dificultades económicas de los productores.

Tras el anuncio de la CE, corresponderá a los ministros de Economía y Finanzas de la UE decidir sobre esa subida, en una reunión que se celebrará la tercera semana de noviembre.

Más información: Adn.es

Bruselas reabre la batalla para reformar la supervisión financiera en la UE

La Comisión Europea presentará este miércoles, en vísperas de la cumbre del G20, una batería de propuestas legislativas para reformar la supervisión y reglamentación de los mercados financieros europeos. Los pilares de la futura arquitectura ya han sido consensuados durante la primera mitad de este año por los Gobiernos de los 27 países de la UE.

La negociación entra ahora en la siempre relevante letra pequeña: se abre una guerra de trincheras por cada coma de la futura legislación comunitaria entre las diplomacias y los ministros de Economía y Finanzas europeos.

Reino Unido logró antes del verano introducir en la reforma una serie de salvaguardias para encorsetar la futura integración de la supervisión en la Unión Europea (UE). La incógnita sobre el alcance real de la reforma no se despejará hasta que haya un acuerdo sobre cómo convertir esas salvaguardias políticas en textos legales.

Mecanismo de alertas rápidas

Londres rechaza que una decisión adoptada en la esfera comunitaria pueda influir en las competencias presupuestarias de un Estado. Esta salvedad impediría únicamente que el futuro sistema europeo de supervisión adopte decisiones sobre quiebras o recapitalizaciones de grupos financieros en apuros -decisión que exige la movilización de recursos estatales-.

O incluso podría llegar a bloquear decisiones europeas cuyas consecuencias inmediatas no fueran recapitalizaciones ni liquidaciones de bancos o aseguradoras, si existiera la posibilidad de que ese fuera su resultado posterior.

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